MISAEL TAMAYO HERNÁNDEZ in memóriam

Albino Lacunza Santos, alcalde de Petatlán, trajo a colación un tema interesantísimo, al explicar el despido de hasta 50 empleados a inicios de este año: esto es, el empleo desmedido de personas por compromisos políticos, amparados en el uso discrecional de los recursos públicos.

Así, para asegurar su triunfo, los actuales alcaldes prometieron los bueyes y la carreta a sus correligionarios, a cambio de un empleo, porque saben que los dichos sueldos no saldrán de su bolsillo, sino que se le cobrará al pueblo.

 Eso me recuerda a un alcalde priísta, del cual me reservo su nombre porque el caso da pena ajena, quien durante la campaña de 2008 anduvo repartiendo vales, pero no de despensa o cemento o láminas de cartón, sino de ¡empleos! Sí, señor, ni más ni menos. Ese politiquillo repartió documentos firmados de su puño y letra que rezan: “Bueno por un empleo a partir del 1 de enero de 2009”.

Por su puesto, más de alguno de los ciudadanos que fueron sus víctimas va a morir engañado, porque ningún presidente municipal puede ser tan estúpido como para hacer valer esos documentos que se reparten al amparo de la corrupción electorera de la ineficiencia de la procuraduría que investiga esos crímenes, porque no puede llamárseles de otro modo.

Así pues, Lacunza pensó esta vez en voz alta y reveló que se tiene un gasto en nómina de hasta 3 millones de pesos, lo cual en efecto es exagerado para un municipio mediano, cuyos servicios básicos se limitan a la cabecera municipal y alguna que otra comunidad del interior.

Ciertamente, Lacunza Santos no es el único presidente que comenzará el año adelgazando nómina, sino que ya en otras partes del estado se ha deslizado esa posibilidad, pues si el año pasado fue difícil, el pronóstico para 2010 no es nada alentador.

Los alcaldes ven en el despido de empleados la solución a sus tribulaciones por falta de recursos económicos, aunque todos sostienen sus privilegios y los de su grupo, intocables. Estamos hablando de las jugosas compensaciones, de los millonarios aguinaldos que se adjudicaron, y los exagerados sueldos que se auto otorgaron desde el comienzo de la administración.

Aunque justamente en este momento el recorte de personal es casi una tragedia para las familias que al menos tienen un medio jornal para alimentarse, las declaraciones de Lacunza abren la posibilidad de que se despida a los influyentes, a los aviadores que cobran casi siempre disfrazados de asesores y que cuentan con otros ingresos, y no a los más pobres que trabajaron en la campaña como gente de apoyo, con la esperanza de tener un ingreso seguro durante 3 años, así fuera mínimo.

Es lo menos que pueden tomar en cuenta quienes incurrieron en excesos, al contratar personal de más sólo para quitarse compromisos de campaña de encima.

Entendemos la preocupación de Lacunza, porque ya los dineros de Seguridad Pública no podrán emplearse para desfacer los entuertos de sus compromisos políticos, porque de acuerdo con el nuevo plan de seguridad nacional, ese dinero deberá ejecutarse para lo que viene etiquetado exclusivamente. Incluso, por si hay quienes todavía piensan que ese dinero nadie lo audita, sepan que la ley prevé sanciones económicas y corporales para quien malverse ese dinero o lo utilice para fines distintos.