Noé Mondragón Norato

Prensa local: cinco crímenes en la alternancia

Por donde se le vea, los atentados contra periodistas son también asesinatos contra la democracia. Retrocesos lentos en la vida pública que llegan a instalarnos en épocas que ya se creían superadas. Por momentos, el país parece peor que en las épocas del dictador Porfirio Díaz, en materia de libertades informativas y eso es un indicador vergonzoso  e infame para muchos gobiernos acostumbrados a engatusar con el garlito de que la libertad de prensa se respeta, dado el avance democrático del país. En términos estrictos, periodistas y medios de información desempeñan una función determinante para la politización de la opinión pública. Este papel les permite –claro, en las democracias verdaderas donde se toleran investigaciones periodísticas que aquí son objeto de escarnio, satanización, rencores y animadversiones personales-, ejercer un control crítico y servir de contrapeso a los excesos que llegan a proyectar alguno de los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Algunos politólogos como el extinto Norberto Bobbio, establecen con claridad que la libertad de información no es verdaderamente un poder en sentido constitucional “sino más bien el fundamento de la legitimidad de los poderes delegados. En cuanto explicación directa de la libertad de pensamiento y de discusión, la libertad de información es fundamental para un ejercicio correcto de los poderes democráticos y por ello constituye un derecho que no debe ser atribuido, sino garantizado; es una libertad no externa al estado democrático ni subordinada a él, sino histórica y conceptualmente contemporánea a su formación”. Guerrero no es ni por asomo, una democracia acabada, sino un sistema de gobierno en el que confluyen una variopinta gama de actores. Desde caciques hasta émulos discursivos y demagógicos de la misma. Por eso los atentados contra la prensa corren a la par de los delitos orquestados por el crimen organizado. Muchos se quedan a formar parte de la estadística. Y también de la impunidad. El recuento durante el gobierno de la alternancia es crudo. Las cifras de periodistas asesinados se dispararon, lo cual es sintomático de los evidentes vacíos de poder.

PRENSA AMENAZADA.- A la vuelta de su primer año como gobernante, Zeferino Torreblanca se encontró con su primer periodista inmolado: Misael Tamayo Hernández, director del rotativo Despertar de la Costa, editado en Zihuatanejo, quien fue encontrado en el hotel Venus el viernes 10 de noviembre del 2006. Vendría después el crimen contra el corresponsal de Televisa en Acapulco, Amado Ramírez Dillanes en pleno centro del puerto. Esto fue el viernes 6 de abril del 2007. Siguió el del reportero policiaco igualteco, Paul Ibarra Ramírez, quien fue asesinado el 13 de noviembre de 2009 cuando conducía una motoneta. El lunes 27 de julio del 2009 fue sacrificado en el puerto de Acapulco, el periodista radiofónico Daniel Martínez Gil. Como muchos otros, su caso pasó a formar parte del archivo muerto en la PGJE. Finalmente el pasado viernes 29 fue ejecutado de un balazo en el rostro, el veterano periodista de nota roja, Jorge Ochoa Martínez, editor del semanario El Sol de la Costa que circulaba en el municipio de Ayutla y algunos otros de la Costa Chica. Si durante su sexenio el priísta René Juárez acumuló dos periodistas asesinados –Rafael Aguilar Villafuerte en Coyuca de Catalán, y Leodegario Aguilera Lucas, en Acapulco-, en el actual de Zeferino Torreblanca la cifra ya llegó a cinco comunicadores. Más del doble. Eso es lo verdaderamente grave para esta “democracia” que involuciona más de la cuenta.

HOJEADAS DE PÁGINAS… Sin conocer la geografía ni la idiosincrasia de los guerrerenses, el director de la Policía Investigadora Ministerial (PIM), el veracruzano Valentín Díaz Reyes, se encuentra en serias dificultades. Tres golpes demoledores recibió en los últimos días: el crimen de su encargado de plaza en Teloloapan, Bernabé Francisco Jiménez Juárez; el asesinato del periodista Jorge Ochoa Martínez en Ayutla; y los siete ejecutados en Iguala…La eventual alianza PRD-PAN, sería para “evitar que lleguen los caciques a gobernar Guerrero”, de acuerdo a versiones de varios connotados perredistas. Entre ellos el diputado local Sebastián de la Rosa. La pregunta es: ¿acaso no son las tribus pequeños cacicazgos? En este caso estaríamos igual de jodidos, pues votaríamos por caciques tanto en el PRI, como en el PRD. Ni para donde ir.

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