A raíz de la propuesta de reforma política que dio a conocer a la opinión pública nacional el presidente Felipe Calderón Hinojosa, muchas han sido las opiniones que se han vertido en temas, principalmente, como la reelección de diputados federales, locales, presidentes municipales, síndicos y regidores, porque las respuestas han sido opuestas o polarizadas.

Pero también cabe señalar que se han despertado otros temas, y nada más hay que hablar de dos, como lo es la revocación del mandato de un presidente de la República, gobernador, senadores, diputados y alcaldes, cuando cometan actos que violen las leyes y no esperar a la próxima elección, con el fin de castigar no al personaje que lo hizo, sino al partido.

En muchas ocasiones esos representantes populares han cometido actos que no nada más lesionan a determinados grupos, como son los de los indígenas, los opositores o aquellos que sufren una tropelía por el abuso de poder que cometen quienes están a cargo, y que casi nunca son castigados.

Bastaría con hablar sobre las masacres de 1960 en Chilpancingo, cuando se logró la autonomía de la UAG; la matanza de Tlatelolco, del 10 de junio de 1970; el caso Aguas Blancas, y más recientemente en la comunidad de Acteal, del estado de Chiapas, cuyos autores –salvo el de Chilpancingo—aún siguen sin recibir sanción alguna, y hay otros más que están a la espera.

Uno más que apenas el sábado tocó el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado (TEE), el terracalentano Jesús Villanueva Vega, en la ciudad de Iguala, es el de la preparación académica que deben tener los aspirantes a un cargo de elección popular con el fin de poder ocuparlos.

En realidad fue cuestionado sobre la reelección de diputados y ediles, pero agregó un condimento de más valor –aunque se pronunció en contra de reelegir a esos servidores públicos–, que es la falta de una formación académica adecuada por parte de quienes llegan a esos cargos de elección.

Efectivamente, para no ir tan lejos, vamos primero por los presidentes municipales, quienes encabezan un ayuntamiento y creen que por ocupar el puesto son los que mandatan a síndicos y regidores, ya no se diga a sus propios colaboradores, porque desconocen que forman parte de un cuerpo colegiado, en el cual las decisiones son con los ediles, no unipersonales.

De ahí que olviden que esa actitud de considerar al ayuntamiento como de su propiedad, lo mismo que a todo el municipio, les traiga problemas no nada más con síndicos y regidores, sino con habitantes de las comunidades.

Esa falta de preparación también se encuentra en los diputados, federales o locales, porque en el caso de Guerrero, de 46 con que cuenta, apenas unos 15 hacen uso cotidiano de la tribuna con el propósito de fijar posturas partidistas o de amplios sectores de la población, y el resto no dice nada.

La formación académica es nula entre los legisladores federales, y lo malo es que la Constitución permite que todo ciudadano mexicano pueda ser electo, por serlo, a un cargo de elección popular, sin que interese si tiene la capacidad necesaria como para hacer leyes, y esto también llevará a otro debate, como el de las candidaturas independientes, también propuestas.