De nueva cuenta salen a la palestra las organizaciones “sociales”, de la “sociedad civil” o “productivas”, cuyos dirigentes organizan a un grupo de personas con el fin de presionar al gobierno del estado o a los municipales, a efecto de que estos “suelten” dinero dizque para poder impulsar “proyectos” de distinta índole, pero después no quieren desean comprobar en qué se los gastaron, y lo malo es que regresan otra vez a exigir aún más.

Desde que en los gobiernos estatales priístas decidieron resolver los conflictos sociales por medio de dádivas en dinero a todo aquél grupo que se presentaba a protestar o a hacer alguna presión en Chilpancingo, surgieron los ahora “lucradores sociales”, como en el pasado sexenio de René Juárez Cisneros calificó su colaborador Héctor Manuel Popoca Bone.

De hecho se comenzó a dar vida a ese tipo de vivales durante la administración del ahora finado José Francisco Ruiz Massieu, quien luego de reprimir a los inconformes, los llamaba y daba solución a sus demandas, es decir, aunque tuviera la ley de su lado, los “premiaba” con “palmaditas”.

Siguió el régimen de Rubén Figueroa Alcocer, quien siguió con la tónica de Ruiz Massieu, y no se diga de Ángel Aguirre Rivero, y al final Juárez Cisneros, y los líderes “sociales” o “políticos” empezaron a aprovecharse de las necesidades de la gente para allegarse del erario público directo.

Algunas organizaciones “estudiantiles”, como los de la normal de Ayotzinapa, o “docentes”, han encontrado una minita de oro en la forma de protestar a fin de que el gobierno del estado les entregue lo que consideran como suyo, sin importarles otras prioridades.

Pero no conformes con eso, ahora van tras los créditos que consideran deben ir a “fondo perdido”, es decir, recibir el dinero para “proyectos productivos”, y si no lo aplican en lo que dicen o fracasan, cuando menos, en sus planes, entonces se niegan a pagar el préstamo que se les otorgó.

La entonces secretaria de Desarrollo Social del gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, Gloria Sierra López, fue de las primeras en negarse a entregar préstamos a “fondo perdido”, porque había una fuerte suma sin comprobar por parte de las organizaciones, aunque habría que aclarar que muchas veces son los líderes los más beneficiados, junto a sus cómplices.

Y cuando se les pidió que rindieran cuentas de en qué habían utilizado el recurso público, argumentaron –y siguen aún en ese tenor—que como es “dinero del pueblo”, ellos también pertenecen al pueblo y tienen “derecho” a gastarlo sin comprobar si en verdad fue bien utilizado, como dijeron.

Esto ya fue motivo para que el diputado local priísta, Marco Antonio Leyva Mena, promoviera una iniciativa de ley con el fin, primero, de que quienes pidan préstamos al gobierno del estado o a los ayuntamientos, estén bien organizados conforme a la ley, y de esa manera paguen el adeudo, porque de otra manera el recurso público va a seguir rumbo a un barril sin fondo.