SOS COSTA GRANDE

(Misal Tamayo Hernández, in memóriam)

Que siempre no va a haber fertilizante gratis; que el PRI reculó en su intentona por hacer una ley electorera, mediante la cual pretendía oficializar la gratuidad del insumo, y que la norma quedará de tal forma diseñada que los municipios y el estado reducirán sus participaciones en el subsidio, dejando a los productores con la responsabilidad de pagar 50 por ciento del costo del abono.

En apariencia, la ley que se discute en el Congreso es justa, porque al igual que en otros programas como el de Activos Productivos (antes Alianza para el Campo), los productores gozarán de un subsidio oficial de hasta la mitad del costo del producto. Pero lo que no es justo es que el gobierno del estado se desentienda de una de sus obligaciones, dado que ese programa de subsidio al fertilizante se creó como iniciativa del gobierno estatal, pero se dejó la mayor carga a los ayuntamientos, los que han venido aportando hasta ahora el 50 por ciento de su costo, dejando solamente 30 por ciento al estado y 20 por ciento a los productores.

En el nuevo esquema, los ayuntamientos reducirán su participación hasta 25 por ciento, otro 25 por ciento para el estado, en tanto que cada productor cubrirá el 50 por ciento restante de sus paquetes.

Eso ha trascendido de las discusiones de las distintas bancadas políticas en el Congreso del estado. El PRD mantiene retenida la ley del fertilizante que propuso el PRI, porque, dice, es electorera. Pero con la nueva propuesta se está favoreciendo eminentemente al estado, reduciéndole aún más su aportación, a pesar de que es la única instancia de gobierno que cuenta con recursos para el desarrollo rural, no así los municipios.

De hecho, el gobierno municipal no debiera estar participando en este programa, pues no recibe dinero para el desarrollo rural, salvo la partida de Sagarpa a través del Programa para la Adquisición de Activos Productivos (Alianza para el Campo). Y a menos que los diputados consideren que el estado o la federación transfieran ese dinero a los municipios, seguirán los ayuntamientos disponiendo del dinero que viene etiquetado para obras públicas, a fin de cubrir la parte que les corresponde del fertilizante.

El equilibrio parece que se les empantana a los diputados, pues todos están considerando solamente sus opciones políticas. Los del PRD no quisieran molestar más al viejo zorro Zeferino, a pesar de que ya dijo que es un cadáver político, y en lugar de aumentarle su participación se la están reduciendo. Para que no se quejen los alcaldes, también a ellos les están bajando la mitad de su aportación, y todo eso se lo están transfiriendo a los productores.

Y como no son públicas las discusiones de la ley del fertilizante; como los diputados están dejando al margen a los alcaldes, entonces ahí dentro se están cocinando fórmulas mágicas con ingredientes politiqueros.

De algo a nada, mejor algo, dirán los incautos. Pero los ciudadanos demandamos que sea el estado el que se encargue enteramente del subsidio, de la mano de los productores, y que se deje a los municipios con la encomienda de abatir el rezago en obras básicas de combate a la pobreza, pues para eso son los recursos del Ramo XXXIII que administran, y el cual ha venido desviándose.

Así, como todo programa de desarrollo federal y estatal, el subsidio al fertilizante no tiene por qué estar ocupando los recursos de obras que son federales y debieran auditarse.

Recuerdo que el ex secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas Jiménez, una vez fue cuestionado aquí en Guerrero acerca de ese desvío de dinero de obras para fertilizante, durante casi dos decenios, sin que la auditoría federal pusiera un alto, y sólo dijo que es un asunto que nos toca discutir a los guerrerenses. Así de delgadita es la línea de la justicia. Cárdenas se lavó las manos y ya depuesto del cargo volvió al Senado, solamente para enterarnos de que desde ahí bloqueó una iniciativa de auditoría para el Procampo, a sabiendas de que el 80 por ciento de estos dineros iban a parar a manos de los pudientes y narcotraficantes.

Cárdenas tiene razón: la corrupción local es un asunto de nuestra mera incumbencia. Y nuestros representantes son los diputados. ¿Que nuestros intereses están bien representados?…Veremos. La ley del fertilizante es una oportunidad para medir a los legisladores locales, que tanto se llenan la boca, ensalzando su papel histórico frente a la actual Legislatura; pero por sus frutos serán conocidos.