Misael Tamayo Hernández in memóriam

EN GUERRERO, ESTAMOS COMO JESUCRISTO: en medio de puro ladrón. A la reciente denuncia que hizo el presidente de Arcelia, Francisco Sánchez, en contra de la Secretaría de Finanzas por el manejo desaseado de un crédito que solicitó para hacer frente a un laudo laboral, se suma ahora la denuncia de varios alcaldes en contra de la Auditoría General del Estado (AGE), que los obliga a contratar fianzas en garantía del buen manejo del recurso por parte de los tesoreros.

Si nos quedamos con esa simple lectura, todo bien. El ciudadano pensará que es necesario que los tesoreros tengan un freno, pues es sabido que menean mucho la olla del dinero y, como decía un amigo, no hay tesorero que salga pobre.

El problema real, es que las fianzas no las están pagando los tesoreros, sino los presidentes municipales y, por supuesto, se usa dinero público para ello. Si los tesoreros pagaran esa cantidad de su propio pecunio, sencillamente no habría nadie que quisiera trabajar en el sector público.

Además, ese dinero que es nuestro, que es de los ciudadanos, no se deposita ante ninguna instancia de gobierno, sino ante instituciones privadas que terminan quedándose con el recurso, aunque no se registren desvíos. Esto opera algo así como una póliza de seguro de vehículo, que se paga anualmente y no se reembolsa al asegurado aunque no haya tenido ningún percance de tránsito. Lo que se le vendió fue una hipotética garantía de cobertura en caso de daños a la propiedad personal y ajena.

Pues bien, en el asunto que nos ocupa, a cada tesorero se le exigen 100 mil pesos como fianza para que se le dé el nombramiento como tal. Esos cien mil pesos son pocos comparados con los millones que ellos manejan junto con los alcaldes, pensaremos, pero lo malo estriba en que cada 100 mil pesos solamente ampara un millón de pesos. Esto es, para un municipio pequeño que maneja en promedio 10 millones de pesos, la fianza debe ser de 1 millón de pesos, millón que como ya dijimos, no saldrá del bolsillo del tesorero, sino del municipio, por la simple razón que un tesorero no gana ese sueldo en todo el trienio.

Estamos hablando del 10 por ciento del presupuesto a ejercer en los municipios, que las afianzadoras que son acusadas de estar en contubernio con el contralor general del estado, se echan al bolsillo cada año sin que los ciudadanos veamos ese dinero.

Si 1 millón de pesos nos parece todavía poco, comparemos el asunto con lo que se puede hacer con ese dinero en los municipios pobres de Guerrero: ¿3 aulas?, ¿al menos 700 metros de pavimentación con asfalto?, ¿un medio kilómetro de pavimentación con concreto hidráulico y malla electrosoldada?, ¿unos dos techados?, ¿4 pozos de agua potable?, y un largo etcétera.

¿Y los diputados? Jugando a legislar. No ha habido un solo diputado que repare en esos excesos, y están permitiendo que se le entregue dinero público a las afianzadoras, sin que haya un solo ejemplo de devolución de dineros desviados a los municipios por parte de los tesoreros, como debiera suceder, pues para ello la Auditoría primero tendría que hacer su trabajo y acreditar al daño al municipio, antes de que se le exija a la afianzadora el pago de la garantía.

Si partimos de la base de que “el Contrato de Fianza es un contrato de garantía personal, en virtud del cual un tercero (afianzadora) se compromete a responder ante un acreedor (municipio), del cumplimiento de la obligación asumida por un deudor (tesorero), para el caso de que éste incumpla la misma, entonces la afianzadora tiene que devolverle a los municipios los dineros no comprobados; siempre y cuando (y he aquí el meollo del robo al que me refiero) la Auditoría dictamine la configuración del desvío. Pero como no lo  hace, entonces las afianzadoras se llevan nuestro dinero en limpio.

¿Cuánto de todo esto le toca al auditor? Eso es lo que hay que investigar. ¿Lo sabe el gobernador? Casi seguro que sí, pues sería absurdo que no estuviera enterado, ya que su propio secretario de finanzas estaría obligado a pagar esa misma fianza.

¿Qué vamos a hacer los ciudadanos? Como decía don Andrés Peralta, no nos queda otra que echar a todos estos funcionarios corruptos en un costal, y mandarlos al infierno.