En el presente sexenio ha habido más cambios de funcionarios que en todas las administraciones priístas pasadas, quizá por el autoritarismo del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo o porque los responsables no han cumplido con las responsabilidades que les competen, pero de todos modos representan inestabilidad en un gobierno que al inicio se dijo “del cambio”.

Ha habido cambio de titulares en las secretarías de Finanzas y Administración, de Desarrollo Social, de Desarrollo Rural, de Salud, de la de Gobierno, en la Procuraduría, entre otras dependencias, porque algunos de ellos se van de representantes populares o porque así lo quiere el jefe del Ejecutivo estatal, aunque en todos lados hay ineficiencias en su desempeño.

Pero en la Procuraduría de Justicia del estado, una institución delicada, el Congreso del estado nombró apenas ayer al nuevo titular, cargo que recayó en el ex priísta David Sotelo Rosas, quien a pesar de tener un doctorado en derecho, consideramos que carece de experiencia para procurar justicia.

Uno de los detractores del nombramiento, a pesar de que lo apoyó, el diputado del Partido del Trabajo (PT), Victoriano Wences Leal, dijo que lo que se necesita no que el nuevo procurador aprenda sobre la marcha, a nueve meses de que termine esta administración, sino más bien que dé resultados, y exhortó a que el nuevo titular dé condiciones de seguridad.

Aunque hubo 30 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones de los diputados presentes –lo cual significa que todavía hay ausentismo de los 46 que fueron electos por el pueblo–, Sotelo Rosas fue electo y quedará al frente de una dependencia que es muy conflictiva en sus investigaciones.

Los diputados locales se dejaron llevar por la propuesta del gobernador, luego de que Sotelo Rosas fuera designado como encargado del despacho, y quizá, como lo dijeron algunos legisladores, haya impuesto el nombramiento porque así lo quiso el jefe del Ejecutivo estatal, como se ha hecho costumbre en sus decisiones, incluso ante el Congreso del estado.

Un legislador señaló que el mandatario estatal trató de imponer la aprobación de la cuenta pública estatal, a lo cual algunos se negaron a hacerlo sin previa revisión, análisis y discusión, lo cual molestó al gobernador, quien amenazó con recortar el presupuesto del Poder Legislativo en caso de que no lo hicieran como él pretendía se aprobara.

El caso es que pudo haberse repetido la misma versión con el nombramiento de Sotelo Rosas, desde el Poder Ejecutivo: con amenazas y disposiciones no de un ente republicano, sino del deseo a una sola persona.

Los diputados deben de llamar la atención del Ejecutivo estatal a efecto de que los cambios de funcionarios de primer nivel no sean capricho del gobernador, sino más bien de la efectividad en sus actividades, con el fin de que sirvan más al pueblo que a los deseos de una persona que es similar.