Vive su peor pesadilla López Rosas
Alberto López Rosas indudablemente está viviendo su peor pesadilla. En 2010, cuando gustosos apoyaron la candidatura de Ángel Aguirre Rivero a la gubernatura, nunca imaginó que el triunfo del ahora gobernador sería su desgracia.
El ex procurador tiene orden de aprehensión desde el pasado 22 de febrero. Se le acusa de delitos contra la administración de justicia y encubrimiento por obstaculizar y desviar la investigación de los hechos ocurridos el 12 de diciembre pasado en la Autopista del Sol, donde fallecieron dos estudiantes de la normal de Ayotzinapa.
Delitos sin duda secundarios al asesinato de los dos normalistas a manos de las fuerzas policiales que participaron en ese desalojo, por órdenes superiores al mismo López Rosas.
Pero el ex procurador se equivoca cuando acusa al gobierno federal, y concretamente al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, de lo que él considera es un complot en su contra, y se ha dicho perseguido político.
Olvida que él le estorba a alguien aquí en el estado y que a diferencia de Humberto Salgado Gómez, resultó ser el delgado hilo de una cadena de errores cometidos al seno del gobierno del estado, y que la diferencia entre él y el secretario general de Gobierno, es que éste es el vice gobernador, amigo íntimo del gobernador del estado, y el funcionario con mayor carga de trabajo; es decir, en quien descansa el peso de la administración estatal.
Alguna cabeza grande tenía que rodar, y esa es la de Alberto López Rosas. ¿Quién dará la cara por él? Nadie. Todos sus amigos perredistas andan ahora batiéndose en el fresco lodazal del reparto de las candidaturas, mientras que él, que fue exaltado desde antes de la toma de protesta de Aguirre como gobernador, está en desgracia.
Ya desde este medio se había previsto que todo lo actuado en el caso Ayotzinapa, apuntaba a López Rosas y sus colaboradores en la Procuraduría estatal. Seguramente ni él mismo se dio cuenta, por no dar crédito a una posible traición cocinada desde el gobierno estatal.
Porque si bien nos fijamos, se le está acusando de delitos que en otro contexto tendrían relevancia, pero que son secundarios al desalojo violento de estudiantes y la muerte de dos de ellos. Y más, aún, esos delitos resultan ínfimos si nos enfocamos en la búsqueda del funcionario que dio la orden de disparar sobre los manifestantes. Sobre todo, cuando es sabido que la liberación de los detenidos en el desalojo, al día siguiente de los hechos, respondió más bien a una política de desespero, dada la presión social y política que en ese momento tenía el gobierno estatal.
El problema de López Rosas es que no se ha mantenido callado, a diferencia del ex secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borja, quien ya apareció en la escena pública, acompañando al hijo del gobernador a registrarse como aspirante a diputado local por el distrito VII de Acapulco y su zona rural.
El ex procurador no solamente no guardó silencio, sino que emprendió una cruzada a favor de los policías estatales que iba en contra de los policías federales, contrariando los planes del gobernador, quien a través de su oficina de comunicación social tuvo que deslindarse en un momento dado de las declaraciones del ahora indiciado, señalando que eran a título personal.
Hay que recordar que el gobernador aceptó sin empacho el informe de la CNDH, pero no en todos sus términos. Ese peritaje precisaba, por ejemplo, que el primer funcionario en llegar a la zona del bloqueo de la autopista en Chilpancingo, fue Humberto Salgado Gómez, siendo entonces el funcionario de mayor rango en el conflicto y, por ende, el responsable directo de lo que ahí ocurrió.
López Rosas también diría que la orden del desalojo la dio Humberto Salgado Gómez.
En resumen, el ex procurador está en aprietos. Será el chivo en el que el gobierno del estado expíe sus culpas. ¿Querían a un pez gordo? Ahí lo tienen. Lo bueno que ya no es funcionario. Pero lo malo es que López Rosas es una caja de Pandora. Ha dicho que no se callará. Entonces, tal vez ahora sí se conozca la verdad del Caso Ayotzinapa.