(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Ya desde este espacio, amable lector, hemos venido exponiendo la evidente estrategia oficial en torno a las investigaciones del Caso Ayotzinapa, y cómo todo había venido inclinándose hacia funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado, de manera sospechosa, incluso con argumentos y delitos inventados.
En cuanto al ex procurador Alberto López Rosas, se pensaba que estaba excluido de la cacería emprendida desde el gobierno del estado y el gobierno federal, sobre todo cuando el gobernador Ángel Aguirre Rivero, en enero pasado y en presencia de diputados federales y senadores perredistas que sesionaron en Acapulco, lo exoneró de toda responsabilidad junto con al ex secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borja, precisando que no dudaba de su inocencia pues los reconocía como hombres de bien.
Sin embargo, resultó todo lo contrario: López Rosas estuvo a punto de ser detenido el pasado viernes en su casa de Acapulco, por agentes de la PGR y de la Siedo, presuntamente para que acudiese a rendir su declaración en torno al Caso Ayotzinapa. El ex procurador se atrincheró en su hogar y hasta ahí llamó a la prensa para dar declaraciones, así como también lo hizo vía telefónica a noticieros nacionales, denunciando que está siendo objeto de persecución política, y reiterando que las actuaciones judiciales están viciadas y que no se está llegando al fondo del asunto, el cual forzosamente incluye a los policías federales que participaron en el desalojo y los cuales también dispararon sus armas.
Varias aristas saltan de esta inescrupulosa investigación. Primero, que se suponía que era la Procuraduría estatal la que estaba llevando a cabo la investigación, luego que desde diciembre pasado la PGR devolvió al asunto al gobierno del estado, reservándose solamente la investigación de los delitos del orden federal, la obstrucción de vías federales de comunicación, por ejemplo.
Segundo, que son juzgados estatales los que están llevando a cabo la investigación de los delitos del orden común, incluidos el asesinato de 2 estudiantes, las heridas producidas a tres más, y las acusaciones de detención ilegal y tortura en contra de otros que fueron detenidos el día de los hechos, y de los que solamente 9 eran normalistas, pues la mayoría eran ciudadanos comunes. Además, se investigaban también aquí los hechos en los que resultó quemado y luego muerto el trabajador de una gasolinera, al tratar de apagar una de las bombas a la que le prendió fuego un par de estudiantes.
De ahí que resultó sorpresiva la noticia de que hay por lo menos una orden de presentación de López Rosas en la PGR y de por lo menos otros 17 funcionarios de la Procuraduría estatal.
El primero en desconcertarse fue López Rosas. Dijo que “alguien” le avisó de su inminente aprehensión y se atrincheró en su casa, desde donde se declaró perseguido político.
Desde enero pasado, y una vez que la Procuraduría estatal declaró culpables de la muerte de dos estudiantes normalistas a los agentes de la Policía Ministerial, Rey David Cortés e Ismael Matadamas, el ex procurador había guardado un pesado silencio, hasta que el 16 de febrero volvió a la zaga cuando se consumó el despido de 7 de sus ex colaboradores, acusados de haber cometido irregularidades en el Caso Ayotzinapa, concretamente por evasión de reos, ya que liberaron a 24 detenidos durante el desalojo de los normalistas de Ayotzinapa, al día siguiente de los hechos.
Paralelamente, López Rosas anunció su intención de registrarse como precandidato del PRD para competir por la alcaldía del puerto de Acapulco, y hasta le otorgó la Procuraduría estatal su carta de no antecedentes penales.
Y justo en el último día de los registros, el pasado viernes, una llamada amiga le salvó de ser aprehendido, aunque sí logró registrar su precandidatura.
Esta fase, hay que decirlo, ya se veía venir, pues algo tiene que hacer el gobierno del estado para recuperar el lustre que perdió por el Caso Ayotzinapa. Y mientras más pronto lo haga, mejor, ya que se está en un proceso electoral de alta competencia en el que todos los golpes de suerte valen.
El encarcelamiento de 2 policías no bastó. Hay que entrega a un pez gordo, y hasta antes de que se supiera que el secretario general de Gobierno fue el primer funcionario en estar en la escena del bloqueo, desde donde operó el desalojo, era López Rosas el funcionario de mayor peso político y de mando. Y sobre él se echará todo el peso de la ley.
Así pues, mientras López Rosas fue defenestrado y ahora es perseguido, Humberto Salgado Gómez, el funcionario que dio la orden del desalojo, no ha sido tocado ni con el pensamiento, mucho menos señalado en alguna averiguación previa o molestado por agentes que persiguen a los delincuentes organizados.