Obras son amores y no buenas razones

El principal rasgo de la política a la mexicana es la destrucción de los logros de los enemigos políticos. No importa cuánta obra pública se haga en un gobierno, si al siguiente no se destinarán recursos para su mantenimiento.
Guerrero es un cementerio de obras inconclusas. Proyectos que en su momento fueron una esperanza para los beneficiarios, y que hoy son una afrenta a sus vidas empobrecidas, marginadas, enmugrecidas y envilecidas, porque el siguiente gobierno actuó, no pensando en el bien común, sino en caprichos políticos que a la larga terminan pagando los más pobres.
Si la planta tratadora de aguas residuales de San José Ixtapa se hubiese programado para un barrio de ricos, créame que no estaríamos hablando en este momento del asunto. Pero da el caso que aunque un gobierno tuvo el buen tino de gestionar recursos para elevar la calidad de vida de los vecinos de Barrio Viejo, proyectando y construyendo una planta para el tratamiento de aguas negras, el siguiente gobierno tuvo la suficiente falta de compromiso social para ver cómo 80 millones de pesos se perdían bajo el óxido de una mal entendida competencia política.
Silvano Blanco Deaquino acusa y Alejandro Bravo se defiende. Éste argumenta que no se le dio seguimiento a la obra porque es estatal, concretamente responsabilidad de la Capaseg. Asegura que ignora los detalles del proyecto y que no se pudo hacer nada porque la obra fue observada por la Contraloría.
Que un gobernante diga que no pudo hacer nada por una obra que se construye en su municipio, en beneficio de miles de sus conciudadanos y gobernados, es una afrenta a la razón y vale la pena preguntarnos de qué sirve entonces ir a las urnas para empoderar a personajes que una vez con el poder del pueblo en la mano, claudican en su encomienda y cierran los ojos ante sus responsabilidades.
¡Faltaba tan poco por hacer para lograr que la obra se pusiera en operación! Enterarnos ahora de que la planta tratadora de aguas residuales de San José Ixtapa fue saqueada, y que se requerirá mucho dinero para rescatarla, es otra dolorosa realidad.
Debo decir que esa es otra de las horribles caras de la corrupción, porque una obra pública pasa a ser propiedad del municipio, independientemente de quién la gestionó o construyó. No debemos olvidar que las obras se construyen con dinero de pueblo, no de los funcionarios, y son nuestro patrimonio. Por lo tanto, todo daño a la infraestructura pública es un daño al pueblo, directamente.
Sin embargo, nadie reclama. Es común que un presidente municipal se ocupe de su propio programa de obras, y evite darle mantenimiento al equipamiento heredado. Al contrario, mientras más se deterioran las obras del antecesor, mejor para el nuevo gobernante. Y si el comité gestor no le es afín, entonces sus miembros están condenados a estar en capilla el tiempo que dure la administración.
No hay nunca voluntad política para invertir en la conservación de los logros de gobiernos pasados, y hoy en día ni siquiera se le está dando seguimiento a obras que quedaron inconclusas al cambio de gobierno.
Al margen de que las obras públicas en general son de mala calidad, porque de ella se nutre una mafia de constructores y políticos, que se reparten un alto porcentaje del costo de las obras (de ahí el llamado “diezmo”), estamos seguros de que si los gobiernos destinaran siquiera el 1 por ciento de su presupuesto anual a las labores de mantenimiento del equipamiento urbano en general, igual que a carreteras y caminos, el deterioro sería menor, mayor el ahorro y mejor nuestra vida como ciudadanos.
Al contrario, es común y algo aceptado que las obras públicas no pasen la prueba del agua, para hablar en palabras ingenieriles. A la primera lluvia muestran sus vicios de construcción y si alguna concluye el trienio en aceptables condiciones, ya es ganancia. El asunto, sin embargo, empeora al cambio de gobierno. Los beneficiarios con alguna obra pública, deberán esperar a que prácticamente quede destruida para volver a gestionar recursos para su rehabilitación y, en el peor de los casos, su reconstrucción.
El problema no es privativo de Zihuatanejo, sino que es el estilo de la política que nos toca padecer, y en ese tenor vale la pena replantearse el listado de peticiones para aquellos que aspiran a ocupar los cargos de representación popular en los ayuntamientos y en los congresos local y federal, entre los que figuran los dos a los que este editorial hace referencia.