Obligados

Tuvo que venir del exterior la orden de reconocer la violación y tortura que hace 10 años cometieron militares mexicanos en contra de una indígena de la etnia tlapaneca en Ayutla, para que el gobierno federal reconociera el hecho y…pidiera perdón.
Las mujeres indígenas ayutlenses Inés Fernández y Valentina Rosendo Cantú, asesoradas por el centro de derechos humanos Tlachinollan, llevaron su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y tras ocho años de lucha, consiguieron una condena internacional contra los actos de violencia que sufrieron a manos de soldados del 48 Batallón de Infantería, destacametado en Cruz Grande, en la región de la Costa Chica.
El 30 de agosto del 2010, la Coidh emitió su sentencia a favor de Inés Fernández Ortega, determinando que durante el año 2002 se afectó gravemente a la denunciante en un contexto marcado por la pobreza, discriminación. El gobierno federal tardó casi dos años en cumplir con el acto de perdón, que ayer se llevó a cabo en la plaza central de Ayutla, teniendo al gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, como testigo, lo mismo que al alcalde priísta Armando García Rendón.
Lo más importante es que ese tribunal internacional señaló que la indígena fue víctima de “violencia institucional castrense” y declaró por unanimidad que el Estado de México resultó intencionalmente responsable por la violación de los derechos a su integridad, a la vida privada, a la dignidad y a las garantías sociales a que tiene derecho Inés Fernández Ortega, como todo ciudadano mexicano.
Este hecho es un hito en la vida pública nacional, por tres razones: 1.- Por primera vez un caso de violencia castrense es resuelto en una corte internacional. 2.- Por primera vez el gobierno federal reconoce su responsabilidad en esos hechos y, 3.- Por primera vez los militares acusados serán juzgados por tribunales civiles, eliminando la exclusividad militar sobre sus efectivos.
El día 12 de agosto de 2011, la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) notificó por escrito a las ayutlenses Inés Fernández y a Valentina Rosendo que las averiguaciones relacionadas con la violación sexual y tortura cometida en su contra por miembros del Ejército Mexicano en el año 2002, fueron remitidas a la Procuraduría General de la República (PGR).
La procuraduría militar se declaró “incompetente” para continuar con el caso.
Ante este escenario, hoy la PGR tiene la responsabilidad ineludible de ejercitar acción penal ante los tribunales federales contra los militares responsables que ya han sido identificados por Inés y Valentina. No existe, por tanto, pretexto alguno para llevar las investigaciones hacia direcciones que conduzcan a la impunidad, como en su momento lo hizo la Procuraduría General de Justicia del Estado, o la propia PGR, al intentar remitir las investigaciones al fuero local.
Dejo aquí las palabras emitidas por el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, como prueba histórica: “A usted, a su esposo y sus hijos, en mi carácter de secretario de Gobernación y en nombre del Estado, le ofrezco las sentidas y sinceras disculpas por los hechos ocurridos hace una década, en los que resultaron gravemente lesionados sus derechos. Quiero reiterar el compromiso del Gobierno Federal de no escatimar esfuerzo alguno en dar cumplimiento cabal a todos los resolutivos de la sentencia. Reconocemos que aún faltan pasos muy importantes en este sentido. La Procuraduría General de la República ya investiga el caso, además de que la Procuraduría de Guerrero tiene una investigación abierta en contra de los servidores públicos por los mismos hechos, y para resarcir el daño se le entregará una indemnización, además de la asignación de becas para sus hijos para que continúen con sus estudios hasta nivel universitario. Inés tienes razón, no entiendo tu lengua, pero sí tu lucha para alcanzar la justicia”.